Mientras los celulares se han vuelto indispensables para la vida moderna, también son piezas clave en la estructura de un crimen que opera tras las rejas.
Según datos ofrecidos por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ( Indotel ), el 36% de los robos en el país están directamente relacionados con la sustracción de teléfonos móviles, y más alarmante aún: el 90% de las llamadas fraudulentas se originan desde cárceles dominicanas .
La estadística desnuda un problema estructural que por años se ha escapado del control institucional. Las cárceles , lejos de ser espacios de rehabilitación, han funcionado como centros de operaciones del crimen digital.
Conscientes de esa realidad, el gobierno ha puesto en marcha un plan piloto de instalación de bloqueadores de señal en cuatro centros penitenciarios: la cárcel del 15 de Azua, el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey en Santiago, El Pino en La Vega y Anamuya en Higüey.
Esta primera fase busca interrumpir el acceso a redes móviles dentro de los recintos, limitando la posibilidad de que los reclusos dirijan estafas , extorsiones o delitos cibernéticos desde sus celdas.
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