Entre ellos el órgano acusador mencionó a los entonces ministros de Obras Públicas. Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, así como al Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Hacienda, Donald Guerrero.
También los directores de la Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova; de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), Thelma Eusebio, y de Presupuesto, Luis Reyes. Asimismo, al contralor general de la República, Omar Caamaño.
Hasta el momento, ninguno de esos exfuncionarios ha sido interrogado por el Ministerio Público.
CONTRATO PARA SUMINISTRAR CEMENTO ASFALTICO
Conforme el expediente de denominado caso Pulpo, Gonzalo Castillo suscribió al menos dos contratos con vicios de legalidad con la empresa General Supply Corporation S.R.L., vinculada a Alexis Medina, para suministro de cemento asfáltico (AC-30).
Alega que esa empresa no tenía ninguna experiencia en el manejo de dicho derivado del petróleo ni contaba con la estructura ni las licencias para el manejo y comercialización de AC-30.
SAMMY SOSA BUSCÓ LA «INFLUENCIA» DE ALEXIS
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece en el documento que ese contrato surgió luego de que el expelotero Sammy Sosa, que tenía interés de entrar al negocio del AC-30, buscó la influencia de Alexis Medina porque tenía dificultades para obtener puerto.
Dijo que Sosa logró su cometido gracias al tráfico de influencias que ejerció Medina con el exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova.
Explica que después, Alexis se reunió con Castillo y Sosa, a los fines de obtener el contrato que le permitiera vender al Estado dominicano cemento asfáltico (AC-30), a través del Ministerio de Obras Pública.
Explica que la intención original de Sammy Sosa era adquirir los contratos a través de otra empresa, pero no pudo lograrlo porque no contaba con la certificación de proveedor del Estado, por lo que debió asociarse con General Supply Corporation S.R.L
SP-AM
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