La Alta Corte acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Dominicano de Notarios en contra de esa resolución, declarándola no conforme con la Carta Magna.
Mediante el reglamento anulado por el TC, el CPJ estableció tasas por servicio y registro de documentos por un monto global de 550 pesos, para cubrir los gastos operativos y la elaboración de una plataforma digital.
Fijó un plazo de 10 días para que el notario deposite el acto correspondiente, a partir de su instrumentación y dispuso que el incumplimiento de ese tiempo sea sancionado con multa de dos salarios mínimos del sector público y con la destitución, en caso de reincidencia.
Puso a cargo de la cámara civil de la corte de apelación el registro de los actos notariales, ampliaciones, modificaciones y revocaciones, y a cargo de los juzgados de primera instancia el sub-registro.
La decisión fue adoptada por los jueces del TC en la sesión virtual celebrada el 29 de abril, en la que fallaron tres expedientes, concernientes a dos acciones directas de inconstitucionalidad y un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
Esta pendiente la publicación de la sentencia, según nota de prensa del Tribunal Constitucional.
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