Este próximo 30 de abril entra en vigencia la Ley 98-25 en República Dominicana, que modifica la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos con un amplio rechazo manifestado en el sector comerciante, quienes califican de “abusivo” el pago que la norma establece mientras exigen una modificación urgente de la misma.
En ocasiones anteriores explicaron que su desacuerdo se origina en que el artículo 36 de la referida norma incrementa la contribución especial de empresas, especialmente a las mipymes, basándose en ingresos anuales.
Dispuestos a buscar alternativa para analizar la tarifa de contribución, dirigentes del comercio mantuvieron una reunión en el Congreso Nacional con los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Además, se reunieron con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia.
Según declaraciones del ministro, el encuentro surge como un proceso de conciliación entre los distintos sectores involucrados, para llegar a una solución definitiva del tema, pero que al mismo tiempo se aplique la norma legislativa.
“Estamos haciendo un esfuerzo de conciliar los detalles en la aplicación de la ley de residuos sólidos”, pronunció el funcionario.
Hasta el momento, el resultado de esta sesión a puertas cerradas, según un comunicado del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, fue conciliar con la DGII proceder con las declaraciones del año fiscal 2025, permitiendo que, aun cuando se generen las autorizaciones de pago de los residuos sólidos, el valor generado no será pagado el 30 de abril.
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