Tribunal Constitucional aprueba tramitar al Defensor del Pueblo las no ejecuciones de sus sentencias

El Tribunal Constitucional aprobó tramitar los expedientes sobre inejecuciones de sentencias al Defensor del Pueblo, para que ejerza sus facultades constitucionales y legales en favor de los ciudadanos cuyos derechos estén siendo afectados a raíz de la inejecución, en el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en el procedimiento de conciliación o que se incumpla el acuerdo a que se llegue.

El apoderamiento al Defensor del Pueblo se basa en las atribuciones constitucionales y legales de ese órgano, de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos de los ciudadanos dispuesto en la Carta Magna y su ley orgánica, 19-01.

El TC señaló que de conformidad con el artículo 191 de la Constitución, la función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.