Los exfuncionarios peledeístas José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo fueron apresados en la madrugada de hoy, por la Procuraduría General de la República.
Los apresamientos se llevaron a cabo luego de que los tres influyentes exfuncionarios fueran citados para fines de interrogatorios por el caso de corrupción de Hacienda, que envuelve la suma de 19.7 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 360 millones de dólares.
Los tres exfuncionarios fueron encerrados en la Procuraduría General de la República.
Hasta la mañana de este domingo no se disponía de ninguna información oficial sobre el lugar a donde serían traslados los funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, aunque se rumoraba que serían llevados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El caso
La documentación en manos del Ministerio Público sobre este caso de corrupción es contundente. El documento con la autorización de la magistrada coordinadora de los Juzgados de Instrucción a investigar a los presuntos involucrados, es manifiestamente sólido como para extraer conclusiones. Tiene fecha de 23 de agosto del 2022, aunque la solicitud llegó el 16 de febrero del 2022.
Los interrogatorios practicados son varios, incluyendo al actual director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y al protagonista involucrado como primer caso para poner en práctica el procedimiento: Bolivar Antonio Ventura Rodríguez, estrechamente vinculado con el senador Félix Bautista, y presidente de la conocida empresa de ingeniería DIPRECAL.
El documento del Ministerio Público dice que es así como actuaron los miembros de esta red corrupta para estafar al Estado y obtener montos millonarios superiores a los 19 mil millones de pesos, “todo bajo manto y protección del Ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control administrativo legal”.
La trama se organiza a partir de las cabezas en varias instituciones públicas, además del Ministerio de Hacienda. Incluye a Emilio César Rivas Rodríguez, como director de Bienes Nacionales, Domingo Enrique Martínez Reyes, como administrador del Consejo Estatal del Azúcar, Simón Lizardo Amézquita, administrador del Banco de Reservas, Claudio Silver Peña, director del Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Director del CEA, Luis B. Reyes Santos, Director de Presupuesto, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, además de los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Efraín Santiago Báez, José Arturo Ureña y oficinas de abogados, como la que encabeza el señor Angel Lockward.
El monto defraudado es de 19.7 mil millones de pesos, alrededor de 360 millones de dólares. Eso es mayor que el monto de la corrupción por sobornos atribuida a Odebrecht, que fue estimada en 92 millones de dólares, y es mucho mayor que la corrupción atribuida en varios de los casos ya conocidos por los tribunales. Lo que significa que este caso de la compra de deudas viejas estatales a precios irrisorios, es el de mayor magnitud en la historia de la República Dominicana, aun presumiendo que la sobrevaluación de Punta Catalina haya sido extremadamente alta.
Es un caso en que, para sustraer dinero del erario público, se utilizaron expropiaciones de terrenos de áreas protegidas, se simularon compras y ventas de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, con el elemento común en todas esas deudas de un acuerdos entre las partes, con contratos de cesiones de crédito por más de 10,500 millones de pesos a personas de la entera confianza del Ministro, que en ocasiones utilizaron sociedades comerciales de carpeta, procediendo a su disolución tan pronto se cumplía su objetivo de desfalcar al Estado.
Las ramificaciones de este caso podrían ser muchas, cuando se abra el debate sobre el destino de los fondos, la variedad de favorecidos y las adquisiciones que se hicieron con la mayor parte de ese dinero.
Los imputados que apenas sirvieron de prestanombres, o los que pensaron que era bueno recibir dinero que estaba congelado en las cuentas públicas, tendrán que buscar la forma de explicar su presencia, y señalar a los responsables reales de este entramado.
Muchos de los protagonistas de la trama dependían directamente del Poder Ejecutivo, otros eran subalternos que pudieran alegar que obedecían órdenes, y otros amigos de confianza, siempre dispuestos a hacer crecer sus glamorosas fortunas, sin doblar el lomo.
En una parte del documento se afirma que “era recurrente que el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, mediante comunicación le instruyera al viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina, registrar órdenes de pagos en el Capítulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (Deuda administrativa) por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación”.
Otras instituciones involucradas, con gestiones y cabildeos, eran la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado (OISOE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), siempre bajo la supervisión y sombrilla del entonces Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
Bajo su dirección se creó una estructura integrada por él mismo, y por Ramón Emilio Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Alvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, de acuerdo con la revelación del señor Bolivar Antonio Ventura Rodríguez.
Hay que leer con atención la lista de las 183 personas físicas a ser investigadas y las 26 sociedades, que en total suman 209. Hay temas para mucho tiempo, si se quiere hablar de conexiones y entramados.
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