El próximo asesor Jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Luis Abinader, Antoliano Peralta, aseguró que si las autoridades que regirán los destinos del país a partir del próximo 16 de agosto, descubren un fraude contra el Estado o la administración pública no ejercerán el “borrón y cuenta nueva”.
Indicó que el presidente no tiene opción ante un caso como este, ya que no cuenta con atribuciones para borrar un delito que es de orden público.
“Si el Gobierno descubre que hay un fraude contra el Estado y la administración pública es imposible... Eso de borrón y cuenta nueva no es un criterio institucional ni que tenga cabida en un gobierno que quiera respetar las leyes”, dijo al participar el en programa El Día.
De igual forma, afirmó que la búsqueda de una justicia independiente, señalada por Abinader en varios discursos, contempla que los jueces que sean designados estén libres de militancias políticas durante los últimos cinco años.
Asimismo, aclaró que el presidente electo no desea tener la facultad de designar a un procurador general de la República ni a los fiscales que les compete, por lo que, aunque ahora lo hará, en un futuro se introducirá al Congreso Nacional una reforma a la Constitución para que el procurador pase a ser fiscal general de la Nación y sea designado por un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura u otro similar.
Fiscales especializados
Además de esta designación, Peralta señaló que este órgano deberá escoger dos fiscales que serán el Anticorrupción y Electoral “y los demás quedarían en manos del Consejo Nacional del Ministerio Público”.
Explica que con la reforma también se crearía el Ministerio de Justicia, que sería un órgano asesor del presidente en esta materia y llevaría la política criminal del Estado, la regencia del sistema carcelario y la representación del Gobierno ante la justicia que ahora es potestad del procurador.
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