SANTO DOMINGO.-Las iniciativas legislativas que pretenden modificar la Ley de Seguridad Social para que los afiliados puedan retirar hasta un 30% de sus ahorros en las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) no son viables ni mucho menos mejorarán la situación económica y financiera de los empleados.
Así lo afirmó el gobernador del Banco Central en un documento en el que explica que dicho proyecto provocaría un aumento generalizado de los precios y, a su vez, desestabilizaría el mercado de monedas y divisas, provocando altas tasas de interés, depreciación y fuga de capitales.
Precisa que para implementar una operación de esta magnitud, a fin de obtener la liquidez necesaria, las AFP tendrían que vender los títulos directamente a los emisores primarios, en el caso de que los mismos estén en la capacidad y disposición de repagar de forma anticipada dichos títulos.
Consecuencias negativas
La redención anticipada de estos títulos, dijo, implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto a su nivel actual, principalmente por el incremento que se produciría en la cantidad de dinero en circulación en manos del público.
Esto generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría un aumento generalizado en los precios de la economía.
El problema es, indica Albizu, que los altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de las personas por la pérdida de valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a hogares vulnerables, y subiría la pobreza.
En otro escenario para obtener ese 30%, las AFP se verían obligadas a realizar una venta forzosa y masiva de títulos en el mercado de valores local y tendrían que liquidarlos a precios menores, ocasionando pérdidas de valor de estos títulos, lo que generaría incrementos en sus rendimientos y en los niveles de tasas de interés activas y pasivas.
“Las consecuencias anteriormente descritas hacen que las propuestas legislativas planteadas sean inviables, ya que el único resultado que lograrían sería un retroceso a un escenario de crisis similar al del año 2003, que generó un costo para el país de 20% del producto interno bruto”, dijo, al expresar su oposición a esos proyectos.
25% De reducción.
Sufrirían los ahorros de la capitalización de los trabajadores, lo cual se reflejaría en una pensión más baja.
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