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LA CULTURA DE NO CEDER EL PASO

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Por Lic. Alejandro Jerez Espinal

Cada segundo que transcurre,  en algún lugar del mundo, un ser humano pierde la vida, producto de los traumatismos de un accidente de tránsito, mientras que otros más afortunados son postrados a vivir con problemas de  discapacidad temporal o permanente, convirtiéndose en una verdadera carga económica para sus familiares, los sistemas de salud, programas de protección social y el Estado, aparte de las secuelas psicológicas de la propia víctima.

Como  expresión de un problema global que afecta a todos los países, pero con mayor frecuencia e intensidad a las naciones de bajo y mediano ingreso, se muestran algunos titulares de los medios de prensa escrito y digital a nivel local e internacional, que describen como “fallece menor de 17 años en choque de motocicletas”, “dos hermanos fallecen al deslizarse Yipeta en Autovía del Este”, “luego de tres muertes, Amet promete parar competencia en motocicletas”,” accidente de tránsito en Panamá deja varios heridos”, “un muerto y dos heridos en accidente de tránsito en Chiriquí”,”choque de camión contra un poste deja un menor muerto en Junín”, y ponen de manifiesto una realidad que se agudiza con el paso de los años.

Este drama se acrecienta ante la complicidad de sectores empresariales ligados al transporte, sindicatos de empleadores, sindicatos de trabajadores del transporte que privilegian su interés particular, propiciando la motorización del transporte en manos del sector privado, por encima del interés general que debe ir en la dirección de aplicar soluciones de transporte público masivo y verdaderas políticas de protección vial para disminuir los accidentes en las carreteras.

Con lo anterior se evidencia, la indiferencia de algunos gobiernos de la Región de América Latina y El Caribe, que por un lado promueven y aplican legislaciones pocos disuasivas y que en ocasiones están divorciadas de la realidad de los  países  y por el otro, las autoridades responsables de fiscalizar  y garantizar el cumplimiento de la Ley, muestran, su falta de compromiso y profesionalidad.

Factores de riesgos como el hecho de conducir a exceso de velocidad,  bajo los efectos del alcohol y estupefaciente, el uso de teléfonos celulares, sumado a la práctica de no protegerse, cuando se maneja sin el uso del cinturón de seguridad, o el casco protector, en el caso de motociclistas y ciclistas, deficiente educación vial, vulnerabilidad en los mecanismos de expedición de la licencia de conducir, infraestructura vial en condiciones inadecuadas y vehículos con decenas de años de servicios que aún circulan en las carreteras, son realidades que tampoco ayudan aminorar las muertes por lesiones de accidentes de tránsito.

Anualmente, 1.2 millones de muertos en las carreteras y 50 millones de lesionados, es el resultado en todo el mundo de los accidentes de tránsito, lo que representa una gran carga para los países en desarrollo, con un costo estimado en un 5% del PIB, impactando  de manera directa su desarrollo y productividad y mermando la población joven, pues, la principal causa de muerte de ese segmento de 15 a 29 años de edad, tiene su origen en los traumatismos generados por los accidentes de tránsito.  En la Región  el índice de mortalidad es de 15.9 personas por cada cien mil habitantes, cuyos extremos los constituyen Canadá y República Dominicana con una tasa de mortalidad respectiva de 6 y 29.3 cada uno, (OPS, 2016).

Los usuarios vulnerables de las vías de tránsito, entiéndase, peatones, ciclistas y motociclistas, representan el 45% de las defunciones en la Región, OPS (2016), información que se corresponde con las recientes declaraciones de la  directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que el 62.9% de las muertes por accidentes de tránsito que ocurren en República Dominicana, es en motocicletas.


El País como signatario de la agenda 2030, que busca reducir a la mitad las muertes por lesiones de tránsito para el año 2020, tiene ante sí un gran desafío, no solo por el elevado costo al sistema de salud en la República Dominicana, sino también, por los niveles de discapacidad que generan en la población económicamente activa, que es la que está en capacidad de producir y generar riquezas con su fuerza de trabajo.  Abordar el problema con toda la seriedad que amerita, debe iniciar por lo más elemental en todo programa de protección vial, que es desterrar para siempre en la mente y el corazón de los usuarios de las vías de tránsito, la cultura de no ceder el paso.

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