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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO) denunció que los expedientes de deslindes sometidos a Jurisdicción Inmobiliaria son sujeto de grandes retrasos, lo cual viola todos los plazos establecidos por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y sus reglamentos.
El presidente del ITADO, ingeniero José Alberto Beras, dijo que hay muchas situaciones que afectan la seguridad jurídica de los inmuebles en el país, las cuales traen grandes pérdidas económicas a los inversionistas inmobiliarios.
En declaraciones escritas remitidas a ALMOMENTO.NET, dijo que cualquier trámite normal de transferencia, certificación y corrección de error, entre otros, se toma hasta dos y tres veces el tiempo que debería durar, perjudicando la seguridad jurídica de dichos inversionistas.
El ingeniero Beras criticó también las múltiples devoluciones de expedientes realizadas por la Dirección de Mensuras Catastrales e indicó que con una buena revisión integral de los documentos se podrían identificar los problemas para sus correcciones.
“Todos estos casos, como la superposición de parcelas, las falsificaciones de títulos, entre otros, afectan negativamente el valor de los inmuebles, generando incertidumbres y falta de confianza en el sistema”, manifestó.
El presidente de la entidad que agrupa a los tasadores dominicanos dijo que no se justifica que existan bandas organizadas de invasores de tierra, quienes “realizan sus fechorías ante las miradas irresponsables y complacientes de las autoridades, provocando la pérdida total de los valores de los inmuebles invadidos y afectando negativamente los que están ubicados en el entorno”.
Dijo que ya es tiempo de que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo realicen un estudio a fondo de la situación inmobiliaria y tomen, en forma definitiva, medidas para erradicar de fondo los males que afectan la seguridad jurídica de los inmuebles en la República Dominicana.
“Los montos cobrados al contribuyente por concepto de transferencia inmobiliaria, el impuesto al patrimonio inmobiliario, inscripción de hipotecas, entre otros, deben ser dedicados en forma prioritarias a garantizar la seguridad jurídica del inversionista inmobiliario”, concluyó.
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